En Bolivia se vulneran al menos seis derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (GLBT), destaca el Primer Informe Anual de Derechos Humanos de esta población que fue presentado ayer a distintas instituciones.
"El derecho a la igualdad y a la no discriminación, el del reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida y a la seguridad personal, a la educación, al disfrute del más alto nivel de salud y a formar una familia son los derechos que más se vulneran en nuestro país”, afirmó ayer el jefe nacional de Iguales ante la Ley, Martín Vidaurre, durante la presentación del estudio.
El informe elaborado en 2012, con encuestas a 70 representantes de la comunidad LGBT, destaca que el 70% de los entrevistados manifiesta que la Policía es la institución que más vulnera sus derechos porque hay "arrestos arbitrarios” por agarrarse de la mano en un espacio público.
Con respecto al primer derecho vulnerado, Vidaurre explicó que se reconoce el gran avance del Estado respecto de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación; pero el 93% indica que ha sido discriminado en alguna entidad de justicia: Policía, Fiscalía, juzgado y otros.
Por esta razón, mencionó que el 89% de la comunidad LGBT no confía en la justicia.
Según datos del Comité Nacional de Lucha Contra la Discriminación, en las gestiones 2012 y 2013, la comunidad LGBT fue la más discriminada, con 23% del total de las quejas registradas.
En el caso del segundo derecho vulnerado, Vidaurre explicó que hay un vacío legal especialmente para la población transgénero, porque desde hace cuatro años se exige una norma que permita el cambio de sexo y de nombre en los documentos de identidad sin un trámite judicial, sino sólo con uno administrativo.
En cuanto al tercer derecho vulnerado, afirmó que es un tema que preocupa bastante, pues en los últimos 10 años hubo 55 asesinatos a integrantes de la población LGBT. No obstante, ninguno de los casos fue resuelto.
En referencia al cuarto derecho vulnerado, el documento resalta que el 70% sufrió discriminación en unidades educativas de secundaria por ser gay o lesbiana. "El 70% fue ejercido por los docentes y el 30% entre pares”.
El informe también indica que la población trans es la más agredida con 83% y ésta puede ser la razón por la que deja de estudiar.
Sobre el quinto derecho vulnerado, el 82% de los entrevistados sostiene que la población trans es la más discriminada en centros de salud públicos y privados.
Con relación al último derecho, el 100% de los encuestados afirma que es preciso modificar los artículos que limitan a las parejas homosexuales a ejercer su derecho a formar una familia.
El representante de la Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural (Adesproc), Alberto Moscoso, lamentó que representantes del Gobierno no hayan participado en el acto de ayer.
Punto de vista
Teófila Guarachi Rpte. de la Defensoría del Pueblo
"Las cifras
nos deberían reflexionar”
Las cifras que revelan son preocupantes, que deberían permitirnos reflexionar sobre qué estamos haciendo como sociedad frente a las personas LGBT que son parte de nuestra comunidad.
Cincuenta y cinco personas en 10 años fueron víctimas no sólo de discriminación, sino de transfobia y homofobia. Son vidas detrás de estas cifras, por eso creo que es momento de exigir a las autoridades hacer el seguimiento correspondiente y no por el hecho de que sean de la comunidad LGBT archivar los casos.
Nosotros hemos participado en el grupo testigos, para que el Gobierno coadyuve en las normativas que exige esta población, como son la de la identidad de género y la de uniones civiles.
Este último les dará derecho a una distribución igualitaria en el momento en que se separe una pareja o cuando fallezca uno de los miembros.
Piden que la Policía y las FFAA cumplan Ley 045
La comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis y Transexuales (LGBT) pide que se cumpla la Ley 045 en las instituciones militares y policiales.
Según el presidente de Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural (Adesproc), Alberto Moscoso, una de las alertas de trabajo, que se presentó en el Primer Informe Anual de Derechos Humanos de la comunidad GLBT señala que las instituciones de formación de la Policía (como la Unipol y la Esbapol) y las Fuerzas Armadas deben readecuar su reglamentación interna para que no vulnere los derechos de ninguna población en desventaja social.
Sin embargo, Moscoso afirma que ninguna de las dos instituciones cumple ese mandato de la Ley 045 Contra el Racimo y Toda Forma de Discriminación.
El estudio elaborado entre Adesproc y la Coalición Boliviana de LGBT cuenta con una sección denominada Alerta, para que esta población vea qué tipo de necesidades se tiene y cuáles son las más urgentes de solucionar.
En ese sentido, Moscoso planteó que se debe trabajar en apurar esa norma, pero también impugnar las normas que estén por salir como los códigos Civil de Familia y otros que vulneran la condición de vivir como un ciudadano boliviano.
La representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz, Teófila Guarachi, resaltó que no se cumple la Ley 045 y que es preciso modificar las normas nacionales.
