"Está claro que los jueces están barajando muchas opciones en los dos casos y examinando todos los aspectos de la discriminación por orientación sexual", explicó a EFE Sergio López, experto y director del programa latino de la organización Freedom to Marry.
En la audiencia del martes sobre la constitucionalidad de la Propuesta 8, que prohibió las bodas homosexuales en California en 2008, los nueve jueces expresaron dudas que sugieren que la cautela marcará su decisión en el caso y hacen improbable un fallo que implique la legalización de esas uniones en todo el país.
Ayer, sin embargo, en la segunda audiencia vinculada al asunto, una mayoría de los jueces cuestionó la constitucionalidad de la cláusula de la ley federal de Defensa del Matrimonio (DOMA) que lo define como la "unión entre un hombre y una mujer".
Walter Dellinger, un reconocido abogado que ha llevado casos ante la Corte Suprema, explicó a The Wall Street Journal que no es probable que el alto tribunal decida prohibir el matrimonio homosexual, pero tampoco que lo declare un derecho constitucional.
A su juicio, todo apunta a que el Supremo prefiere dejar que sean los estados y los legisladores los que tengan la última palabra sobre el matrimonio gay, evitando que el tema se resuelva a escala nacional
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