"Vamos a proceder a firmar esa ley. Las interpretaciones de lo que un articulo puede decir son potestad de un juez que tenga que resolver un caso en particular o de los mismos diputados", declaró hoy a los periodistas la presidenta costarricense, Laura Chinchilla.
La Reforma a la Ley de la Persona Joven fue ratificada por el Congreso sin hacer mayor ruido hasta que el martes los diputados Carmen Muñoz, del Partido Acción Ciudadana, y José María Villalta, del Frente Amplio, celebraron que un artículo de la ley permite las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo.
El artículo en cuestión establece el derecho al "reconocimiento, sin discriminación contraria a la dignidad humana, de los efectos sociales y patrimoniales de las uniones de hecho que constituyan de forma pública, notoria, única y estable".
El texto agrega que para estos efectos no se aplicará un artículo del Código de Familia, el cual solo permite las uniones entre un hombre y una mujer.
El diputado Villalta dijo hoy en el Plenario Legislativo que debió buscar una "forma creativa" para avalar las uniones homosexuales, debido al "bloqueo irracional" que algunos de los diputados ejercen sobre proyectos de ley específicos en la materia.
"Esta es una posibilidad para que los tribunales de familia analicen el tema desde la óptica desde derechos humanos", afirmó Villalta, quien criticó a los legisladores que "votan y no leen" los proyectos y que equiparan la homosexualidad con una enfermedad.
Varios diputados, entre ellos Justo Orozco del partido cristiano Renovación Costarricense, exigieron a Chinchilla el veto de la ley, mientras otros legisladores han minimizado el asunto y han dicho que el texto se ha interpretado incorrectamente.
"Si nos basamos por interpretaciones esto es un fraude de ley porque se está usando una ley para querer violar otra", dijo hoy Orozco en el Plenario.
El diputado Orozco reiteró que a su juicio la homosexualidad es "una práctica extraña y ajena a nuestras costumbres" y afirmó que el portillo para las uniones homosexuales es "inconstitucional".
Las uniones de hecho entre personas del mismo sexo es un polémico tema que se ha venido analizando en Costa Rica desde hace varios años y que organizaciones defensoras de los derechos humanos han impulsado por medio de varias iniciativas de ley.
Entre esas iniciativas hay una que se encuentra estancada en el Congreso acerca de las "sociedades de convivencia", con lo que se pretende garantizar derechos como el seguro social, la herencia y la pensión a las parejas homosexuales.
La iglesia católica y otros grupos religiosos, así como sectores de la sociedad civil y políticos, han ejercido una férrea oposición a esta iniciativa.
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