“Dicen que son 200 en el país, es posible, nosotros clausuramos casi 30, sería muy importante que denunciaran (los afectados) para que se clausuraran todas (las clínicas ilegales)”, dijo en una entrevista el ministro de Salud Pública Nicolás Jara.
Karen Barba, representante de la fundación Causana, explicó que estas clínicas se esconden detrás de centros de rehabilitación de personas adictas a las drogas, que aparentemente son legales, pero que se convierten en inconstitucionales cuando dan tratamientos a homosexuales, ya que la Carta Magna del país, aprobada en 2008, es la primera que reconoce los derechos de estas personas.
Ziritt, de 28 años, estuvo dos años ingresada en uno de estos centros, donde “fue perdiendo las fuerzas para vivir”, tras sufrir diferentes abusos, incluso sexuales, insultos y torturas,
“Fue denigrante, humillante, horrible”, aseguró Ziritt que estuvo tres meses sola y esposada en una habitación que llamaban “la sauna” porque no había nada más que unos tubos, donde estaba atada y no tenía luz.
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