No se respetan sus derechos. No pueden acceder a un nombre que refleje su identidad femenina y eso las anula e invisibiliza como ciudadanas.
“Se nos quita el derecho a la educación, al trabajo, a una vida digna” señala la directora ejecutiva de la Mesa de Trabajo Nacional (MTN), Rayza Torriani.
En Bolivia hay una normativa clara que garantiza la inclusión social y sanciona las manifestaciones de discriminación pero falta el compromiso de las autoridades locales y nacionales de velar por su cumplimiento, expresa Torriani.
La norma por sí misma no cambia ni los estereotipos sociales, ni culturales. “Todavía tenemos la mente cerrada”, reclama la activista y acota que no puede existir un avance real mientras no se reconozca el derecho de los ciudadanos a una identidad de género, a un nombre y apellidos que los representen.
Por ahora, “la mayoría de la población, incluyendo a los gobernantes son personas cerradas que piensan que solo existe el hombre y la mujer y ningún género más y lo que sale de sus estándares es considerado una enfermedad o algo ridículo”, menciona.
Lamenta que, por ejemplo, en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348) no se las haya tomado en cuenta.
Un paso a la vez. Actualmente las trans ocupan las celdas de mujeres cuando son arrestadas por la agentes policiales por algún conflicto con la ley, antes debían compartir los estrechos espacios con hombres. Lo mismo sucede cuando son detenidas, se las envía al penal San Sebastián mujeres. Fue una lucha sostenida, asegura Torriani.
La psicóloga de la MTN, Ninoska Flores, expresa su preocupación por la temática de salud y demanda políticas de alto impacto que favorezcan las prácticas saludables de la población trans destinadas a mejorar la asistencia a los hospitales.
Se debe hacer énfasis en acciones de promoción y prevención. Solo así se logrará el incremento de la cobertura de los servicios de salud.
Hay iniciativas alentadoras. Los estudiantes de las universidades han comenzado con un importante trabajo de investigación demostrando una apertura a la temática de la identidad de género a través de estudios en el área de salud. “Dentro de unos años se verán más cambio”, dice.
ADOLESCENTES Son invisibles. Pese a la normativa vigente no se vela por el grupo adolescente de la población TLGB como si no existiera, reclaman las activistas.
“No tenemos conocimiento de travestis menores de 18 años” expresa la titular de la Dirección de Género y Generacional de la Alcaldía de Cochabamba, Raquel Melgar y admite que desconoce la problemática de las adolescentes trans.
Sobre la violencia sexual comercial a la que son sometidas las menores trans asegura no tener información: “No que tenga conocimiento, tal vez sí, tal vez no, pero no que se haya tomado conocimiento formalmente”.
Sin embargo, hay tareas preventivas con estudiantes entre tercero y sexto de secundaria para evitar que caigan en redes del comercio sexual.
No hay denuncias de violación de derechos humanos por parte de los integrantes de la población TLGB, explica el representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Andrés Cuevas. La Institución se centra en tareas de apoyo a sus demandas de reivindicación.
Proponen norma de identidad de género
El anteproyecto de Ley de Identidad de Género es el resultado de un proceso consultivo con las personas trans, en el ámbito departamental, nacional e internacional. Propone un cambio legal de nombre y sexo de personas travestis sin la necesidad de tener que pasar por un proceso médico de reasignación de sexo.
Pocas denuncias son por violencia
Solo una de cada siete personas de la población Trans Lesbianas Gays y Bisexuales (TLGB) denuncia los actos de violencia de los que son víctimas. Unas afirman que no hay respuesta positiva y que las autoridades no hacen nada. Otras no lo hacen por temor a que su condición quede al descubierto en los medios de comunicación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario