Hace poco, el proyecto de legalizar las uniones entre personas del mismo sexo volvió a tomar fuerza en los pasillos de la Cámara de Diputados del país. La diputada de Convergencia Nacional (CN) Erika Claure, impulsa este propósito haciendo eco a los pedidos de la comunidad homosexual. La Iglesia Católica ya ha levantado el grito al cielo y varios diputados esgrimen argumentos, desde sociológicos hasta culturales, para no tratarlo. El debate está servido.
UN DERECHO HUMANO
El proyecto, impulsado por la diputada Claure, ha sido presentado ya en tres ciudades del país, Sucre, La Paz y Santa Cruz, y es apoyado por los colectivos de personas con diferentes preferencias sexuales. El documento fue consensuado con las 37 organizaciones - comunidades gay, lesbianas, bisexuales y transexuales de Bolivia y tiene seis artículos. La diputada Claure asegura que de no hacerse viable, sería una incoherencia del Gobierno que se asume laico. “Si no se hace posible la propuesta de ley, el Estado entraría en contradicción con su propio discurso inclusivo y no discriminatorio. La CPE ha sido aprobada con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS). También se vulnerarían los derechos manifestados en la Ley 045, contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Por eso, la mayoría gobernante tiene que ser acorde al pluralismo que defiende. Nosotros no estamos lanzando la propuesta al aire, sino que existe una CPE que la respalda.”
La norma plantea la inscripción de parejas homosexuales ante el Registro Civil. Sin embargo, como no se trata de un matrimonio, la pareja puede separarse sin necesidad de recurrir al divorcio, sino a una “disolución” del vínculo. El proyecto tiene el nombre de “Ley de Unión Legal Igualitaria” y ha sido trabajado, entre otras, por la Coalición Boliviana de Organizaciones Lésbica, Gay, Bisexual y Transexual LGBT (COALIBOL) y el Colectivo Nacional.
Según las observaciones de estos colectivos, la CPE entraría en contradicción jurídica porque mientras el artículo 63 limita el derecho al matrimonio civil a parejas heterosexuales, en el artículo 14 de la CPE se prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género y otros, precepto jurídico que no limita ni prohíbe específicamente que estos derechos puedan ser ejercidos por parejas conformadas por personas del mismo sexo.
Rolando Villena, Defensor del Pueblo, ha dicho que el proyecto, si entrase en debate, sería respaldado por su institución porque los derechos humanos no se limitan por la orientación sexual. “Este es un tema pendiente que ha mediado y largo plazo debería ser ya uno de los temas ya trabajado, de modo tal, que el respeto a estas diversidades sexuales en su derecho a asumir esto con dignidad sean también considerados en todo su espectro humano”.
El matrimonio entre personas del mismo sexo es un tema de Derechos Humanos Universales respaldado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que considera que el matrimonio es un derecho que asiste a todas las personas con independencia de su orientación sexual.
¿AMENAZA O SOLUCIÓN?
Desde lo más profundo de los curules han emergido las protestas conservadoras de diputados como el masista y evangélico David Sánchez que ha negado siquiera la posibilidad de que el proyecto se considere. Sánchez asegura que en la Constitución Política del Estado (CPE) no se contempla ninguna posibilidad ni de unión legal y menos de matrimonio entre personas del mismo sexo. El diputado explica el artículo 63 de la CPE en el que se estipula que: “El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges”, y que no menciona a parejas del mismo sexo.
“La elección sexual es una decisión privada y (las personas) tendrán que responsabilizarse por esa decisión. Su vida debería ser de carácter privado, nosotros no tenemos ningún interés de que su accionar se haga público; peor aún el querer llegar a ámbitos como la Asamblea Plurinacional. No vamos a sacrificar un bien colectivo mayoritario por una pequeñísima minoría”, ha dicho Sánchez, cuasi convertido en portavoz de la Iglesia Católica, además de la evangélica a la que pertenece.
Por los antecedentes no es de extrañar que los obispos católicos hayan sido de los primeros en rechazar que se trate este proyecto, tomando en cuenta la tradición homofóbica del catolicismo.
La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), ha asegurado que este proyecto es una grave amenaza a la familia y que el matrimonio es una relación única entre un varón y una mujer, basada en la complementariedad sexual que hace posible la procreación. Incluso hay quienes han llegado a mezclar el argumento religioso y la unión de personas del mismo sexo con el narcotráfico y el lavado de dinero, como ha hecho el jesuita Miguel Manzanera, quien dijo a ANF, “En países como Bolivia, donde hay índices altos de narcotráfico y de lavado de dinero, este tipo de uniones (parejas del mismo sexo), fáciles de constituirse y de terminarse, podría ser utilizado por delincuentes para ocultar o desviar dineros malhabidos hacia la comunidad de bienes de la convivencia homosexual”.
El jefe de la bancada de senadores del MAS, Eugenio Rojas, hecha en mano argumentos culturales y dice que en la cosmovisión andina las parejas del mismo sexo no existen. “Las comunidades quechuas y aymaras no conocen este tipo de relación; no existen. En el mundo aymara, el hembra-varón existe en todo, no sólo en el ser humano, sino también en las plantas, el agua, las piedras, los animales. Nuestro pensamiento es radical en esto; la complementariedad hombre-mujer rige la cosmovisión aymara”.
La presidenta de la cámara de diputados, Rebeca Delgado, ha dicho que la CPE establece que las uniones de hecho y matrimonios “serán entre varón y mujer”, y aunque Delgado ha descartado la aprobación de la norma que permitiría la unión conyugal de personas del mismo sexo, también ha dicho que el proyecto sigue en estudio en una comisión y que será considerado por el plenario en “algún momento”. No se sabe cuándo.
“A nosotros no nos importa que la iglesia católica nos acepte, queremos que el Estado nos acepte y reconozca nuestros derechos”, dice Angela Fuentes, presidenta del colectivo Transexuales, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB). “Aunque pueda sonar agresivo, vivimos en un país laico con una Constitución; nosotros no queremos el reconocimiento de la Iglesia Católica, un certificado de matrimonio de la Iglesia no nos sirve legalmente; necesitamos un documento del Estado para que las parejas del mismo sexo puedan beneficiarse de los mismos derechos que las heterosexuales.”
Los matrimonios heterosexuales son beneficiarios de una serie de normas como el derecho al seguro de salud o la herencia directa. Sin embargo, el Estado niega esta posibilidad a las parejas de personas del mismo sexo. En todo caso, Fuentes asegura que al no haber sido contada la población de LGBT en el último censo ya que no figuró la pregunta sobre la orientación ni identidad sexual, no hay el reconocimiento de que estas personas viven años en pareja, aportan y pagan impuestos. “El hecho de que el Estado no les permita firmar un documento les priva de una serie de derechos que los afecta económicamente. Como no figuramos en el censo se desconoce cuánto dinero aportamos al país y de qué manera no estamos siendo beneficiados como el resto de la población”.
SEXUALIDAD Y DERECHOS
Tras revisar los estudios psicológicos actuales y los estudios de otras ciencias sociales sobre el matrimonio igualitario, Gregory M. Herek, doctor en sicología de la Universidad de California, afirma que los resultados indican que las relaciones heterosexuales y homosexuales no se diferencian en sus dimensiones psicológicas fundamentales; que la orientación sexual de un progenitor no tiene relación con su habilidad para proporcionar un entorno familiar sano y cultivado; y que el matrimonio otorga beneficios psicológicos, sociales y de salud sustanciales, sin importar el sexo de la pareja.
Hace poco, en Taiwán, una pareja de mujeres se casó ante una sacerdotisa budista. Si bien los padres no acudieron a la ceremonia por miedo a los medios de comunicación y a las represalias de sus conocidos, las dos jóvenes mujeres hicieron pública su unión rompiendo un tabú de varios siglos y abriendo una religión milenaria a opciones diferentes.
Aunque en el mundo hay países donde la homosexualidad todavía es considerada un delito y es incluso penada con la muerte, hay otros donde las parejas del mismo sexo tienen exactamente iguales derechos que aquellas de diferente sexo. Todo depende del cristal con que se mire.
(Con datos AFP, ANF, La Razón, GAIA).
Actualmente los países en los cuales el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en todo su territorio son:
Países Bajos (desde 2001)
Bélgica (desde 2003)
España (desde 2005)
Canadá (desde 2005)
Sudáfrica (desde 2006)
Noruega (desde 2009)
Suecia (desde 2009)
Portugal (desde 2010)
Islandia (desde 2010)
Argentina (desde 2010)
Dinamarca (desde 2012)
Además el matrimonio es legal en nueve jurisdicciones de Estados Unidos y en dos entidades de México, además de una de Brasil, Alagoas.
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