Según la jurista, el proceso se inició en febrero de 2011, cuando éstos pidieron que su matrimonio “tuviera en Uruguay los mismos derechos y obligaciones que cualquier matrimonio heterosexual”, y concluyó este mes tras un largo periplo judicial.
En el momento de su presentación, la solicitud fue objetada por un tribunal que la consideró “improponible”, pero una corte de apelaciones rectificó esa postura y otro juzgado en el que recayó la causa la resolvió finalmente a favor de los solicitantes.
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