En el proyecto se propone además la modificación de algunos artículos de la norma para incorporar agravantes en delitos cuyas víctimas sean parte de la población GLBT (Gay, Lesbiana, Bisexual, Travesti, Transexual y Transgénero).
El proyecto fue presentado el 17 de mayo por el diputado Manuel Canelas (MAS) a la presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, y actualmente figura como iniciativa en tratamiento. Su objetivo es garantizar a la comunidad GLBT “una vida digna, libre de violencia y el ejercicio pleno de sus derechos”.
ALCANCE Además de la inclusión de la figura delictiva de crimen de odio, en el anteproyecto de ley se establecen modificaciones a los artículos 254 (homicidio por emoción violenta), 256 (homicidio-suicidio), 270 (lesiones gravísimas), 271 (lesiones graves y leves) y 308 (violación) del Código Penal.
En el Artículo 254 se plantea que dicho tipo penal “no procederá en caso de crímenes de odio en razón de orientación sexual o identidad de género”. Para los Artículos 256, 270, 271 y 308 se propone que cuando la víctima de esos delitos resultare miembro de la población GLBT, “la pena será agravada en dos tercios tanto en el mínimo como en el máximo”.
La Ley 348 ha tipificado la violencia hacia la mujer, haciendo énfasis en el feminicidio, pero en el caso de la población LGBT, “no hay ninguna norma que tipifique y sancione los crímenes cometidos por personas hacia las personas con diversa orientación sexual e identidad de género”, señaló Alberto Moscoso, director ejecutivo de la Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural Libertad (Adesproc), la cual elaboró un proyecto de ley similar, mismo que enriqueció la propuesta legislativa presentada por Canelas.
Según David Aruquipa, miembro del colectivo TLGB (Trans, Lésbico, Gay y Bisexual), el cual participó también de la redacción del proyecto de ley, la iniciativa es parte de un plan nacional contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, problemática que se ha traducido en 60 casos de crímenes de odio reportados en los últimos cinco años, principalmente en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. “Son casos de asesinatos, golpizas con violencia y saña en los que no hay absolutamente nada que haya llegado a incriminar a los autores”, acotó Moscoso.
Los otros componentes del plan nacional, agregó Aruquipa, son la Ley de Identidad de Género (sancionada recientemente), el acuerdo de vida en familia o el derecho a la conformación de familias entre personas del mismo sexo; y la educación sin violencia, homofobia ni transfobia.
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